Convención Constitucional: No a la apología de la violencia

 

But when you talk about destruction

Don’t you know

That you can count me out

—“Revolution” (The Beatles, 1968)

 

Juramento del Juego de Pelota

La Convención Constitucional busca una apología de la violencia. Se equivoca.

Después de advertir en este sitio el inminente estallido social fue también acá en Chile Liberal donde propusimos una Convención Constitucional, primero convocando a un plebiscito nacional para saber si el electorado estaba de acuerdo o no con nuestra solución. El clamor de millones de chilenos agolpados pacíficamente en las calles entonando “El baile de los que sobran” justificaba pensar que era de tal magnitud el malestar ciudadano que repensar nuestra institucionalidad exigía una Nueva Constitución y no sólo reformas.

 

Los hechos de violencia que vimos el 2019 fueron inaceptables e inexcusables. Es falso sostener que gracias a ellos podemos optar a rehacer nuestras instituciones: el plan ya estaba en marcha desde el gobierno de Bachelet 2 – fue estúpidamente abortado con el advenimiento, borracho de triunfalismo, de Piñera 2. De hecho, el 2010 en este sitio ya invitábamos a una Nueva Constitución mediante cabildos. Lo pusimos en marcha de forma completamente pacífica y elegante.

 

Más de 70 estaciones de metro quemadas, con una decena destruida de manera planificada, además de un daño irreparable a la propiedad tanto privada como pública, no tienen justificación alguna. Vimos incluso quemas de libros, tal como los nazis, cuando prendieron fuego al Café Literario en Providencia. No cuenten con Chile Liberal.

Así como llevamos décadas repudiando el golpe militar de 1973, y así como Pinochet fue removido pacíficamente, corresponde igualmente condenar cualquier acto de violencia esta vez desde la otra vereda. Algunos matizan o contextualizan la destrucción y el vandalismo aduciendo algo absurdo: si los efectos buscados son cercanos a su propia persuasión política entonces OK. Pues no, no es OK.

 

Otros, erróneamente, arguyen que el Estado ya ejerce violencia contra ellos, y que cada autobús incendiado, cada plaza destruída y cada puesto de trabajo aniquilado son una merecida represalia ante esa violencia primigenia. Pues bien, eso se llama la Ley del Talión y ya hay suficiente literatura desmontando dicha argucia retórica.

 

No es una cuestión de “formas”. Es una cuestión de que si mañana llegan legítimamente al poder los mismos que ahora glorifican la violencia, justifican más violencia de los opositores para deponer a los incumbentes, y luego más violencia de los depuestos para vengarse, y así sucesivamente hasta que queda la cagada y nos agarramos todos a balazos y luego otros claman por una dictadura que imponga el orden. Dicho en sencillo, la apología de la violencia política es la falacia del slippery slope.

 

Piñera ha sido un Presidente muy malo, pero una mala gestión no da pábulo para desfondarlo. A no ser que estemos en un régimen Parlamentario –algo que sí propone Chile Liberal y que veremos en un próximo capítulo—pero en nuestro orden institucional Piñera no es un dictador ni un violador de derechos humanos, y un mandatario malo debe cumplir con su mandato.

 

No obstante, sí notamos una anomalía gravísima. Hay detenidos cumpliendo una interminable prisión preventiva. Acá debemos detenernos y examinar la situación con rigor.

 

La esencia de la democracia liberal es el limitar el poder del Estado. De hecho, el mismísimo nacimiento del liberalismo se remonta al año 1215 con la firma de la mítica Magna Carta, donde se consagra el Habeas corpus, principio filosófico y jurídico que establece que nadie será detenido sin presentar los debidos cargos en su contra. Esto constituyó en ese entonces el primer paso para limitar el poder absoluto del gobierno (y por ende, el nacimiento del liberalismo). Este principio evolucionó durante los siglos hasta nuestra era, donde el Estado absoluto se enfrenta al Individuo absoluto, y es recogido hoy en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Si no se presentan cargos contra los detenidos, y estos no tienen  derecho a defensa, y por consiguiente no son sometidos a un juicio justo, podemos considerarlos como presos políticos. Simplemente porque son detenidos de forma arbitraria.

 

Las averiguaciones de Chile Liberal indican que hay 25 personas en este limbo legal. Como señaló la Presienta de Senado, Yasna Provoste, no han tenido un juicio justo. Esto es correcto.

 

La Convención Constitucional debe entender que su genesis se encuentra en la indignación popular no sólo frente a un gobierno inepto sino ante la orgía que prosiguió al estallido, y que si ella existe se debe a los millones que pacíficamente salieron a las calles a manifestarse. La Convención se debe también a Chile Liberal que llamó a la clase política a formarla.

 

Bájense del pony

Advertimos que algunos miembros de la Convención se están dando ínfulas jacobinas y quieren forzar un momento “Juramento del Juego de Pelota”, que técnicamente es el comienzo de la Revolución Francesa, es decir, cuando ya los Estados Generales no buscan aliviar la acuciante crisis del país sino crear una nueva Constitución y acabar con el Ancien Régime.

 

Es por esto que Chile Liberal llamó a convocar expresamente a una Convención, y no a una Asamblea Constituyente. Pues siguiendo el esquema y las etapas de la Revolución Francesa, como ya notaron los más perspicaces, la Convención es la fase final. En eso ya estamos. Tenemos un orden constitucional que mejorar, no todo un orden que hacer tambalear y una seguidilla de ejecuciones sumarias para instaurar… una dictadura.

 

Existe el peligro–real—de que la Convención se autoproclame como una Asamblea Constituyente plenipotenciaria, filo-bolivariana e indiscernible de un Sóviet Supremo, y que imponga la dictadura del proletariado. Su retintín bolchevique es conspicuo. Una incomprensible apología de la violencia es su primer paso y también su primer desvarío. De todos depende ahora que el esfuerzo hasta ahora culmine en un texto decente y que no se vaya todo a la mierda.

Seguridad Social con un “opt out” privado

Quiero alimentar a los bebés que no tienen qué comer

Quiero darle zapatos a los niños que andan descalzos

Quiero darle un techo a los que viven en las calles

Sí hay solución

Y quiero volar como un águila hasta el mar.

 

—“Fly Like An Eagle” (Seal, 1996)

 

El covid muestra que necesitamos una seguridad social universal—con un opt out privado

 

Existe un clamor popular por conformar una red de protección social y la clase política debe responder. Un interesante artículo de The Economist nos dice que El capitalismo necesita un Estado de Bienestar para sobrevivir, y esto es correcto. El año 2020, para ralentizar la propagación del coronavirus, gobiernos como el de Reino Unido hicieron algo inédito: un “Furlough Scheme” con el fin de pagar a todos los afectados por el confinamiento un 80% de su sueldo, lo que constituye un histórico hito en la consolidación de una seguridad social universal. 

 

Existen dos grandes escuelas de pensamiento para abordar esta cuestión. Tenemos primero el esquema “bismarckiano”, por así decirlo, concebido en Alemania bajo Otto von Bismarck, con el objetivo de fomentar un nation-building para consolidar el poderío del Reich y apaciguar a las clases medias ante el miedo al socialismo. Este modelo alemán consiste en que el Estado otorga subsidios proporcionales a los aportes de cada contribuyente. Es decir, los que más pagan, más beneficios reciben. 

 

Por otro lado tenemos el esquema británico “beveregiano”, diseñado por Sir William Beveridge, un economista liberal, plasmado en su brillante e icónico Reporte Beveridge, publicado en 1942, durante lo más cruento de la 2a Guerra Mundial. Su objetivo —a diferencia del sistema alemán—, era la universalización de la seguridad social con un pago plano para todos por igual, no proporcional a los ingresos. Su objetivo último era curar las heridas del esfuerzo de guerra y evitar un estallido social una vez derrotados los nazis. Dicho en simple, su finalidad era entregar ayudas universales a todos los ciudadanos por igual. 

 

En este post,  Chile Liberal sostiene que la Nueva Seguridad Social chilena debe ser universal, rescatando la filosofía liberal beveredgiana, pero corregiendo sus defectos mediante la incorporación de elementos individuales según el aporte de cada cual, siguiendo los principios bismarckianos. Y tal como ocurre en Alemania, los ciudadanos deben ser libres de contrarar seguridad mediante prestaciones privadas.

 

Sí necesitamos seguridad social

Beveridge identificó en 1942 los “5 Gigantes” que debían combatirse: “necesidad, enfermedad, ignorancia, suciedad y ociosidad”. Su formula para luchar contra todo esto consistía en la universalidad de la asistencia social y ponerle fin al infame “Means Test”, en vigor hasta ese entonces, es decir, acabar con la verificación de la necesidad de los demandantes como condición para entregar beneficios.

 

Ya antes George Orwell, escritór británico (autor de “1984”, Granja Animal, etc.) dedicó largas páginas de su extraordinario ensayo “Road to Wigan Pier” a denunciar las nefastas consecuencias del Means Test, que en los agitados años 30 movilizó a las masas para exigir su abolición. Orwell viajó por las desoladas ciudades industriales y mineras del norte de Inglaterra y contó su experiencia de convivir con los mineros y los obreros (algo que desde la ficción novelística hicieron otros como Émile Zola con “Germinal” o el chileno Baldomero Lillo en “Sub Terra” — este último nos relata la miseria en Lota, un Wigan chileno). Ocurre que en Inglaterra para recibir asistencia social la gente debía atestiguar que es pobre, y los inspectores de la seguridad social llegaban incluso a entrar a las cocinas de la gente para comprobar que no hubiese un solo pedazo de carne en sus ollas, porque si encontraban, les quitaban las ayudas, lo que incentivaba a la gente a preferir la miseria. 

 

Lejos de ser un socialista o un justiciero social, Beveridge velaba por un funcionamiento eficiente de la economía. En su reporte veía en la universalización de la asistencia social una manera de incentivar el empleo.

 

El problema fundamental que ocurrió luego en el Reino Unido es el estigma que acarrea el hecho de demandar el dole, como se llama al seguro de cesantía. Recordemos la inolvidable escena “Hot Stuff” de la película Full Monty.

 

Otro inconveniente es la burocracia estilo soviético, algo que vimos en I,Daniel Blake, del cineasta Ken Loach. Peor aún, la seguridad social británica se pensó y diseñó en un mundo que necesitaba mucha mano de obra poco calificada para la reconstrucción nacional y donde el desmpleo era una catástrofe pero algo raro.

 

En cuanto al estigma, las clases medias británicas creen que son ellas las que pagan para que los pobres —unos flojos irredimibles— sigan regocijándose en la vagancia. El extraordinario documental  Benefits Britain causó estupor nacional cuando llegó incluso a discutirse en el Parlamento. Para las estrujadas clases medias, la seguridad social no les da nada. A los pobres, les da todo. Esto solo refuerza el estigma y crea un desdén social insoportable.

 

Por otro lado, con el Furlogh Scheme aprendimos que es bastante complejo ir a buscar a la gente para devolverle su dinero porque el sistema está hecho para extraer recursos del ciudadano para alimentar la máquina burocrática, pero no funciona en sentido contrario. Ya para recibir el dole es necesario atravesar una serie kafkiana de verificaciones, y las ayudas no sobrepasan un 15% del ingreso límite de la pobreza.

 

En Alemania, en cambio, la asistencia social recibida bordea el 60% de los ingresos del demandante. Los sindicatos tienen como objetivo coordinarse con los patrones para formar y reconvertir a los empleados despedidos, y aún más interesante, la gente puede decidir si quiere cotizar fuera del sistema estatal y contratar a privados. En medio del debate constitucional en Chile, cabe destacar que la Constitución Alemana fue escrita bajo la ocupación Aliada y los norteamericanos le impidieron al Estado acaparar todo el poder (el subtexto es que nunca más podrá haber un Hitler) por lo que el Estado central alemán debe dar cabida a entes privados.

 

Lo anterior redunda en que en Alemania nadie se avergüenza de ir a reclamar un cheque, como le ocurría a los desempleados en Full Monty. Eso nos parece muy bien.

 

Para evitar la monstruosa burocracia que nos muestra Ken Loach en I, David Bake, lo lógico sería eliminar todo el aparataje inútil y hacer una transferencia directa a las cuentas individuales de los ciudadanos.

 

Urge además romper el lazo entre aporte individual como condición para el seguro de cesantía cuando hoy sabemos que el empleo de por vida fue un espejismo de la posguerra: hoy no existe el empleo vitalicio, ya no se ven los premios que le daban a nuestros padres y abuelos cuando cumplían 10, 20 o 30 años en la empresa.

 

Si somos inteligentes podemos hacer que el Estado pueda entregar una cantidad igual al límite de la pobreza, lo que responde al esquema beveredgiano, y según la contribución de cada cual se da más a quienes han pagado más al sistema, como lo vislumbrara Bismarck.

 

El covid obligó a hacer esto a la rápida pero abre ya un camino hacia una optimización y universalización de las ayudas sociales. Hoy es necesario porque a la gente se le obligó a confinarse pero acabada la pandemia seguiremos viendo que el desempleo es parte natural de la vida activa de todos. La gig economy es inherentemente inestable, y el Estado, con la participación de privados, puede ser vital para el correcto funcionamiento de la economía y asegurar prosperidad y estabilidad social.

 

En Chile tenemos un problema adicional y es que enormes sectores de la población viven en la informalidad. E incluso teniendo recursos es imposible llegar a ellos directamente sin pasar por los alcaldes, autproclamados adalides del pueblo en su lucha contra las élites. De paso se roban toda la ayuda y entregan apenas unos paquetes de fideos. Este desorden y despilfarro deben terminar.

 

La Nueva Constitución —quizás— deba mencionar la seguridad social. De todos modos, el mundo moderno la sigue necesitando hoy tanto como en la época del Londres dickensiano de la Revolución Industrial, o como en el Norte de la Francia de Zola, o en la Lota de los mineros de Baldomero Lillo que bajaban al Chiflón del Diablo—así como hoy en Puente Alto y sus hacinados pobladores en tiempos del covid. De paso, ahorraremos mucho en gasto público.