América Latina: mercado y democracia. Historia y radiografía de un fracaso

Si no se entienden las razones por las que se crea o se destruye la riqueza, no es de extrañar que la región viva en medio de la miseria y el desasosiego político.

La prensa destacó la parte pintoresca. Los gestos histriónicos de Hugo Chávez y sus excesos verbales, las declaraciones de ese notable pensador llamado Diego Armando Maradona y los heroicos ataques a los McDonalds, imagen mítica del imperialismo yanqui, aunque, curiosamente, se trata de restaurantes populares y económicos, notables por sus altos estándares de higiene, preferidos por los jóvenes estudiantes y por personas de bajos ingresos.

Sin embargo, por debajo del sensacionalismo, la noticia más trascendente era ésta: a principios de noviembre de 2005, durante la reciente cumbre de Mar del Plata, se demostró, otra vez, que una parte sustancial de los latinoamericanos rechaza las libertades económicas y prefiere acogerse a un modelo de organización social en que el Estado, administrado por gobiernos populistas poco respetuosos de la legislación vigente, no necesariamente apegado a los métodos democráticos ni al respeto por los derechos individuales, asigne los bienes producidos y tenga una función rectora y proteccionista.

Aunque, como estableció el presidente Vicente Fox, es cierto que 29 naciones respaldaban al ALCA y sólo cinco se oponían, entre esas cinco estaban Brasil, Argentina y Venezuela, que totalizan unos 250 millones de habitantes -más de la mitad del censo latinoamericano- y, pese a la pobreza y las desigualdades que exhiben, poseen los más altos niveles de desarrollo económico y tecnológico de Sudamérica.

También es prudente señalar que los enemigos del mercado y del libre comercio -Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez-, para rechazar el libre comercio, lejos de mostrar sus verdaderas preferencias ideológicas, se escudaron contradictoriamente en la existencia de subsidios a los agricultores en Estados Unidos, asumiendo el rol de campeones del librecambismo, pero era evidente que se trataba de una excusa. La verdad profunda es que estos gobernantes y sus electores, muy dentro de la corriente neopopulista, además de profesar un profundo antiamericanismo no creen en las virtudes de las libertades económicas, sospechan de las intenciones de las naciones poderosas, especialmente de Estados Unidos, y son intensamente estatistas.

Cuando Estados Unidos elimine los subsidios a la agricultura -y ojalá sea pronto-, los neopopulistas invocarán otros pretextos. Por ejemplo, ya asoma su tonta cabeza la asimetría, es decir, esa diferencia en niveles de desarrollo que supuestamente impide cualquier relación comercial equitativa entre estados desiguales, a lo que habría que agregar la falacia de la soberanía alimentaria: la absurda noción de que una nación, para sentirse segura, tiene que producir y controlar los alimentos básicos que consume.

Aunque se trate de construcciones demagógicas sin ningún elemento de seriedad conceptual, con relación a la asimetría es justo recordar que existe de manera muy notable dentro del propio Mercosur, donde Argentina posee un PIB promedio de 12.460 dólares (2004), medido en Paridad de Poder de Compra, frente a los 4.870 que tiene Paraguay, diferencia proporcionalmente similar a la que separa a Estados Unidos de la propia Argentina. En cuanto a la soberanía alimentaria, vale la pena subrayar que la mayor parte de las naciones ricas del planeta son importadoras netas de alimentos, pero aún existe otro argumento lógico de más peso: carece de sentido proclamar la voluntad de exportar alimentos, como pretenden Brasil o Argentina, mientras simultáneamente se defienden las virtudes de la autarquía alimentaria. Si todas las naciones lograran la soberanía alimentaria el comercio internacional de productos alimenticios quedaría drásticamente reducido. Por otra parte, quien postule el derecho a la soberanía alimentaria no puede simultáneamente oponerse a los subsidios de estadounidenses y europeos a la producción agropecuaria: de alguna manera, esas medidas proteccionistas son también una expresión de la pretendida soberanía alimentaria.

En todo caso, pese a la debilidad de los argumentos de los enemigos del libre intercambio internacional de bienes y servicios, es posible, aunque no lo sabemos con certeza, que un segmento quizás mayoritario de los latinoamericanos incluidos en las 29 naciones a que aludía Fox tenga una visión de la economía y de las relaciones entre el Estado y la sociedad más cercana a la que suscriben gobernantes neopopulistas como Lula o Kirchner que la que proponen quienes defienden las libertades de comercio y las responsabilidades individuales, como el propio Fox o Álvaro Uribe.

Incluso en una nación como Chile, donde es patente el éxito de la
liberalización de la economía, alguna vez he escuchado a uno de los grandes
expertos del país, Cristian Larroulet, una escalofriante sospecha: si el
"modelo" chileno fuera discutido en un referéndum, tal vez sería derrotado.
Según Larroulet, lo que afortunadamente ha cambiado en el país es la visión de
la clase dirigente, hoy mucho más educada y prudente, pero no la de las grandes
masas, que en un alto porcentaje continúan aferradas a los viejos esquemas
mentales del populismo y del colectivismo.

En el principio era diferente
No obstante, es justo señalar que no siempre ha sido así. En sus inicios, en el primer cuarto del siglo XIX, las repúblicas latinoamericanas partieron de una visión liberal y democrática de las relaciones de poder. El triunfo contra España era la victoria contra el mercantilismo, era el fin de los monopolios y era la apoteosis del mercado. En aquellos años fundacionales, los de Francisco de Miranda y Simón Bolívar, los de José de San Martín y José Gervasio Artigas, las élites criollas progresistas, que fueron las que organizaron la revolución contra España, en el terreno económico defendían las ideas de Jacques Turgot y Adam Smith, mientras los reaccionarios se aferraban al mercantilismo típico de las monarquías absolutistas, perfilado en la Francia del siglo XVII por Jean Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV, cargo que entonces tenía el más exacto nombre de controlador general.

En realidad, nada había de sorprendente en esto. En América Latina se estaba reproduciendo un episodio que formaba parte de la evolución casi natural de la Ilustración ocurrida en el mundo occidental. Simplemente, las ideas que en 1776 habían propiciado la revolución norteamericana y la aparición de la primera república moderna, o que en Francia desataron la revolución de 1789, volvían a expresarse, pero esta vez en el sur del hemisferio americano.

De la misma forma que los estadounidenses, pocos años antes de la insurrección contra Inglaterra, protestaron contra los impuestos abusivos con rebeliones y actos de desobediencia, como la famosa revuelta del té en la bahía de Boston en 1773, los cubanos en 1720 se insubordinaron en defensa del libre comercio y contra el monopolio del tabaco impuesto por la Corona española, los comuneros paraguayos lo hicieron poco después, y los comuneros colombianos algunas décadas más tarde. En realidad, todos estos episodios del siglo XVIII en demanda de comercio libre y la eliminación de privilegios, aplastados a sangre y fuego por las autoridades coloniales españolas, sirvieron como acicate a las luchas emancipadoras del siglo XIX.

Otro tanto puede decirse de las libertades políticas: al menos desde el punto de vista teórico, el punto de partida de las naciones latinoamericanas fueron las ideas republicanas básicas: soberanía popular, control y límites a la autoridad, protección de los derechos individuales, división de poderes, rendición de cuentas por parte de los servidores públicos y formas democráticas de seleccionar a los gobernantes.

Las clases dirigentes criollas latinoamericanas, aunque nunca redactaron textos como los recogidos en The Federalist Papers, también habían leído a Locke y a Montesquieu, conocían al dedillo la Constitución americana (el uruguayo José Gervasio Artigas siempre llevaba en su bolsillo una edición pequeña del texto) y pensaban reproducir en suelo latinoamericano el exitoso experimento estadounidense. Alguien como el colombiano Antonio Nariño, protagonista de la lucha por la independencia en su país, tradujo del francés, imprimió y distribuyó profusamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, acto “subversivo” que le costó muchos años de cárcel.

Las mismas ideas, resultados diferentes
Sin embargo, los resultados fueron diferentes. Mientras en Estados Unidos los principios de la república liberal consiguieron arraigar exitosamente, en América Latina sucedió de otro modo. Las razones de este fracaso inicial son múltiples y de muy diferente índole: no existía, como en las Trece Colonias, una tradición de autogobierno y rule of law. La legislación que imperaba en la América Hispana se dictaba en la metrópoli española, y los funcionarios principales que debían aplicarla eran nombrados por la Corona de manera inconsulta.

A fines del siglo XVIII, el inmenso territorio, artificialmente dividido en cuatro grandes virreinatos, nunca pudo establecer límites territoriales claros, lo que eventualmente dio lugar a la violenta fragmentación del espacio en una veintena de repúblicas, casi todas también caprichosamente congregadas en torno a las Audiencias creadas por la Corona española para impartir justicia y administrar las colonias.

La comunicación verbal y escrita a principios del siglo XIX era un gran problema. En 1820, de cada tres habitantes de América Latina sólo uno hablaba español, y esos hispanohablantes, la mayor parte de ellos analfabetos, se concentraban en las ciudades. Las zonas rurales solían ser territorios sin otro centro que las haciendas, donde los propietarios actuaban casi como señores feudales.

El peso demográfico de la población autóctona era enorme en territorios como México, Centroamérica y la región andina. Estos pueblos autóctonos, dispersos en lugares remotos o hacinados en los caseríos paupérrimos, llamados “pueblos indios”, que rodeaban los centros urbanos, no tenían conciencia de formar parte de una entidad política nacional de origen cultural europeo, pero constituían casi toda la fuerza de trabajo y un porcentaje mayoritario del censo.

El lazo más estrecho que unía a los pueblos autóctonos con las raíces culturales europeas era de carácter religioso, no político, dado que el catolicismo, traducido a las lenguas americanas y mezclado con elementos de las religiones precolombinas, había fomentado una cierta identidad cristiana (o mariana, por la Virgen María) que nada o muy poco tenía que ver con los ideales de las repúblicas liberales que sostenían los criollos ilustrados.

Esta incomunicación esencial, y la mal forjada articulación de los nuevos países, dio lugar a la aparición de caudillos y a frecuentes guerras civiles, que, a falta de instituciones, servían para edificar un poder político fundado en la fuerza.

Los valores predominantes en las sociedades que se fueron formando en medio de la violencia no eran los más propicios para cimentar repúblicas liberales funcionales. Ni la tolerancia, ni la búsqueda de compromisos, ni el respeto a la ley eran singularmente apreciados. Se admiraba, en cambio, la valentía, la audacia, el primitivo vínculo regional y la solidaridad con los amigos. Los caudillos fomentaban el clientelismo para crear sus zonas de respaldo.

En esa atmósfera, muy poco hospitalaria con las actividades empresariales serias, el poder político se convirtió en una fuente de enriquecimiento personal para los gobernantes y sus allegados. Como sucedía durante el mercantilismo, que nunca desapareció del todo en América Latina, la cercanía al poder sirvió y sirve a los empresarios cortesanos para obtener ventajas. Les resulta más rentable sobornar a los políticos que arriesgarse a competir en el mercado.

La modernidad y los socialismos llegan juntos
Grosso modo, a fines del siglo XIX y durante el primer tercio del XX ya se alcanzó cierta estabilidad política y fronteriza. Algunas naciones, como Argentina, parecían encaminarse hacia el desarrollo y la prosperidad crecientes, pero, simultáneamente, las ideas estatistas y el rechazo a los fundamentos morales y jurídicos de las repúblicas liberales llegaban con gran fuerza, de la mano de la amplia familia socialista.

Por una parte, desde la revolución mexicana de 1910 comenzó a arraigar el socialismo colectivista, que asignaba al Estado como primera responsabilidad la función de distribuir la riqueza de manera supuestamente equitativa, algo que ya aparece consignado en la Constitución de Querétaro (México), de 1917. Incluso antes de esa fecha, de la mano de José Batlle y Ordóñez surge en Uruguay una forma benigna y democrática de socialismo, acaso muy influida en el plano teórico por el fabianismo de los británicos y en el práctico por la experiencia de la república suiza. Por la otra, el socialismo de derecha o fascismo, mezclado con el nacionalismo xenófobo, se convierte en una fuerza importante en países como Brasil (Getulio Vargas) y Argentina (Juan Domingo Perón).

A la izquierda y a la derecha del espectro político, casi todas las fuerzas dominantes coinciden en el autoritarismo como fórmula de gobierno -usualmente representado por hombres fuertes-, el populismo, para procurar legitimidad y respaldo social, y en diversas expresiones del colectivismo, para conseguir el desarrollo. Prácticamente ninguna agrupación se atreve a defender la responsabilidad individual, el acatamiento de la ley, los derechos de propiedad y el mercado. De acuerdo con la mentalidad latinoamericana, esas son causas antiguas, reaccionarias, propias de los viejos regímenes liberales que desaparecieron con los tiempos revolucionarios.

La palabra clave es precisamente ésa: revolución. Todos los grupos reclaman el adjetivo revolucionario como sinónimo de justicia, progreso y modernidad. Y la revolución, generalmente dirigida por personas iluminadas, tocadas por un componente mesiánico, consiste en el decreto de políticas públicas populistas e inflacionarias, aparentemente encaminadas a establecer el reino de la justicia y la equidad. De ahí surge la pasión por las reformas agrarias, los controles de precios y salarios y la legislación cargada de "conquistas sociales" que gravan peligrosamente la capacidad de ahorro de las empresas, comprometiendo su crecimiento futuro. De ahí surgen, también, las constituciones llenas de intenciones generosas que se convierten en imposibles obligaciones del Estado: el supuesto "derecho" a una vivienda digna, a un puesto de trabajo razonablemente remunerado y a las bondades de la educación, los cuidados sanitarios y una jubilación suficiente. Prácticamente nadie repara en que todos esos bienes y servicios irresponsablemente prometidos deben ser sufragados con excedentes producidos por la sociedad. Nadie se plantea que antes de la repartición copiosa hay que crear riquezas. Era de mal gusto hacer esa observación pequeñoburguesa.

Es verdad que los latinoamericanos no son los únicos habitantes de Occidente que incurren en estos errores, como demuestra la historia de Europa, de donde proceden en el plano teórico estas equivocaciones, pero es en Latinoamérica donde se hace más difícil corregir el rumbo, al menos por dos razones fundamentales; primera: al no haber vivido la experiencia directa del fascismo, de su auge y de su derrota aplastante, no se experimentó la consecuencia de su descrédito y eliminación. El nacionalismo, cierta xenofobia y el estatismo, mezclados con el militarismo, siguieron vivos en América Latina, unas veces trenzados con una visión revolucionaria de izquierda próxima a los soviéticos, mientras otras encarnaban en regímenes militaristas de derecha.

La segunda razón que explica la resistencia de esa visión tiene que ver con la debilidad del clima democrático. Tras la Segunda Guerra mundial, Europa occidental pudo desterrar el fascismo y desprenderse de muchas ideas socialistas colectivistas por medio de instituciones democráticas, la alternancia en el poder y el libre examen de los problemas nacionales. Por medio de la alternancia en el poder y del tanteo y error, en elecciones sucesivas se corregían o aliviaban los conflictos generados por la convivencia y el desarrollo económico. Si una nación como Inglaterra podía llegar a tener un líder laborista como Tony Blair, ideológicamente mucho más cerca de Margaret Thatcher que de Clement Atlee, es porque el continuo debate democrático permitía una sana evolución de las ideas, fenómeno que no encontraba paralelo en América Latina.

Más aún: incluso las ideas pro mercado aparentemente paridas en Occidente para fortalecer la economía capitalista tras la crisis de entreguerras, como es el caso del keynesianismo, en América Latina provocaron resultados contraproducentes. La convicción de que el modo de impulsar el desarrollo y de evitar la recesión y el desempleo consistía en retocar el presupuesto general del Estado, con aumentos en el gasto público como instrumento para estimular la demanda, se convirtió en América Latina en una fuente incontrolable de inflación, corrupción, clientelismo, ineficiencia y capitalismo de Estado.

Todas las teorías del desarrollo, pues, coincidían en el mismo punto: más Estado, menos mercado, más dirigismo y un invencible temor a los poderes extranjeros, supuestamente siempre culpables de los desastres que afligían a los latinoamericanos. Acerquémonos a ese fenómeno en su expresión más notable: el antiamericanismo.

El antiamericanismo
Exportar las responsabilidades siempre fue una especialidad de la clase dirigente latinoamericana. La culpa de los males latinoamericanos, que comenzaron a verse desde el principio mismo de las repúblicas, desde la perspectiva de los criollos ilustrados -que fueron los artífices de la independencia y quienes definieron el discurso político-, fue siempre atribuida a la herencia perjudicial dejada por los extranjeros o a la influencia nefasta de otros grupos étnicos. En el principio, naturalmente, los españoles resultaron señalados como los primeros culpables. Se les imputaba el atraso económico y cultural de Hispanoamérica. Pero casi enseguida se responsabilizó a los indios, donde los había, por poseer hábitos, valores y costumbres refractarios al progreso y a la disciplina, o a los negros, por las mismas razones, donde la densidad de esclavos era grande.

Durante casi todo el siglo XIX, sin embargo, los estadounidenses no comparecieron como villanos. En 1823 la Doctrina Monroe fue vista como lo que realmente fue: un intento diplomático, más retórico que efectivo, de impedir que España, ayudada por las monarquías reaccionarias de Europa, intentara recuperar los territorios que habían logrado independizarse o estaban a punto de hacerlo en América Latina. En esa época, en general, la visión que los latinoamericanos tenían de Estados Unidos era positiva, y ni siquiera se vio empañada cuando, primero Texas y luego toda la porción norte de México, pasaron a formar parte del territorio estadounidense, en medio del espasmo imperial que vivió el país a mediados del XIX bajo el influjo de lo que entonces se llamara el "destino manifiesto".

Pero a fines del siglo XIX esa percepción benévola de Estados Unidos comenzó a cambiar drásticamente. En 1898, a las pocas semanas del estallido del acorazado Maine en la bahía de La Habana, se desató la guerra entre Estados Unidos y España, y las élites culturales latinoamericanas mostraron sus simpatías por Madrid y no por Washington. En el 1900 el uruguayo José Enrique Rodó publicó su ensayo Ariel, el primer bestseller internacional de toda Sudamérica, donde caracterizaba a los latinoamericanos como Ariel, la parte alada y superior del espíritu, anclada en la tradición humanista del mundo latino, mientras representaba a los norteamericanos como Calibán, el ser groseramente materialista, cercano a sus bárbaros orígenes anglosajones.

En América Latina la obra se convirtió inmediatamente en una bandera antiimperialista, y poca gente reparó en que se trataba de una variante de los viejos estereotipos de la España católica y conservadora frente a la Europa protestante y reformista de los siglos XVI y XVII. Al fin y al cabo, el libro de Rodó de alguna manera reforzaba una visión antinorteamericana que comenzaba a cobrar fuerza gracias a los argumentos aportados por Karl Marx en su análisis de las relaciones coloniales de Gran Bretaña con sus colonias. De acuerdo con la valoración de Marx -quien, por cierto, había sido un feroz crítico de Simón Bolívar y un defensor enérgico de las conquistas norteamericanas a expensas de México, por las ventajas que ello traía a la clase trabajadora-, la India había sido deliberadamente empobrecida por Inglaterra, que quería convertir a sus colonias en mercados cautivos, a los que asignaba la superproducción industrial británica.

Era, pues, muy fácil tomar el argumento marxista y extrapolarlo a las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y, en efecto, ya a principios del siglo XX, tan temprano como a partir de 1901, el socialista argentino Manuel Ugarte reúne multitudes en diversas capitales latinoamericanas, en las que predica el rechazo a la influencia extranjera y prescribe la unidad latinoamericana como amuleto contra las potencias imperiales, especialmente Estados Unidos, país al que de forma vehemente responsabiliza por las intervenciones militares en el Caribe y por el saqueo sistemático de las riquezas nacionales mediante tratos comerciales leoninos. Sus libros El porvenir de América Latina (1910) y El destino de un continente (1923) serán lectura obligada para varias generaciones de latinoamericanos, que van adquiriendo una visión de las relaciones internacionales profundamente antinorteamericana y aislacionista.

Con la creación en Moscú de la Tercera Internacional o Comitern, en 1919, las ideas comunistas se expandieron por América Latina de una manera organizada y sistemática, con lo cual el ataque a la imagen de Estados Unidos se tornó mucho más metódico y razonado. La idea de fondo, formulada por Lenin en un famoso aunque superficial trabajo, repetida hasta el cansancio, era que el imperialismo constituía una fase superior (y final) del capitalismo. El capitalismo, en su etapa imperial, era un desalmado sistema, triturador del proletariado, que desataba las guerras como forma de asegurarse el enriquecimiento sin fin de los poderosos, de manera que destruir esos poderes imperiales era el objetivo primordial de los comunistas, vanguardia de la clase obrera.

Naturalmente, la política de las cañoneras, practicada profusamente por republicanos y demócratas en Centroamérica y el Caribe a lo largo del primer tercio del siglo XX, tampoco favorecía la imagen de Estados Unidos. Era obvio que el objetivo de esta docena de intervenciones militares estuvo fundamentalmente encaminado a mantener un cierto orden en una zona de influencia norteamericana caracterizada por la turbulencia política, pero fue en esa época y lugar donde se fortaleció el mito del revolucionario bueno que luchaba contra el imperialismo norteamericano, empeñado en saquear a los países pobres. Es entonces cuando en Nicaragua surge la figura de Augusto César Sandino, precursor mediático de Che Guevara. Unos años más tarde, otro episodio, esta vez perteneciente a la Guerra Fría, reforzará esa percepción negativa de Estados Unidos: el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954 como resultado de una conspiración organizada por la CIA.

Así las cosas, desde casi todas las trincheras políticas, académicas e intelectuales se atacaba a Estados Unidos sin descanso: nacionalistas, católicos conservadores, socialistas, fascistas, comunistas y revolucionarios de todo pelaje acusaban a Washington de las peores fechorías imperiales, y a sus capitalistas de ser verdaderos depredadores de las riquezas latinoamericanas. Desde Moscú, sin pausa ni tregua, se estimulaban estas campañas hasta lograr que calaran muy hondo, incluso entre quienes no eran comunistas pero se consideraban progresistas. Ser progresista era mucho más que procurar el progreso: era ser antiyanqui por encima de todo.

En las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado esas acusaciones adquirieron un respetable tinte académico cuando dos profesores universitarios, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, publicaron una obra errada pero muy exitosa: Dependencia y desarrollo en América Latina (1969), dentro de la llamada teoría de la dependencia, donde retoman el análisis marxista de las relaciones económicas entre la colonia y la metrópoli y formulan una hipótesis parecida: de acuerdo con estos investigadores (luego Cardoso se convirtió en político y renegó de sus escritos), los países de la periferia, como sucede en América Latina, históricamente han sido designados por el centro -Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España- como economías subsidiarias que deben producir o consumir lo que determinan los países imperiales.

La teoría de la dependencia, pues, redactada en le jerga académica, daba armas a los intelectuales latinoamericanos en las universidades para vestir y reforzar su antiamericanismo con un disfraz prestigioso. No importaba que países como Corea del Sur o Singapur, ex colonias pertenecientes a la supuesta periferia, hubieran demostrado que era posible abandonar el subdesarrollo con la colaboración de las naciones del centro, sin que nadie tratara de impedirlo. Y no importaba, porque la tradición universitaria latinoamericana estaba más cerca del dogma socialista y de la repetición mecánica que del análisis ponderado.

Pero tal vez más grave que impulsar el antiamericanismo universitario latinoamericano fue la consecuencia moral que la teoría de la dependencia tuvo entre los católicos radicales cuando una parte del clero la hizo suya y desde ese punto, a partir del Concilio Vaticano II, formuló la Teología de la liberación, así llamada por un libro escrito por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez. La parte más censurable de esa obra, y de la actitud de quienes la suscribieron, fue la justificación de la violencia, pero, dada la premisa sembrada por la teoría de la dependencia, la lógica que la sustentaba era impecable. Si el gran problema de América Latina era la miseria extrema de las gentes, y si el modelo económico ni siquiera se podía modificar por procedimientos democráticos porque había sido dictado desde fuera, principalmente por Estados Unidos, no quedaba más remedio que acudir a la insurrección armada para cambiar este destino cruel que condenaba a la indigencia a millones de seres humanos. Fue entonces cuando las guerrillas en Centroamérica y en Colombia comenzaron a ser auxiliadas por sacerdotes extremistas, que eran, por supuesto, profundamente antinorteamericanos.

En qué punto estamos
Este panorama, sin duda deprimente, quizás explique por qué América Latina es la región más pobre y conflictiva de Occidente. Si no se entienden las razones por las que se crea o se destruye la riqueza, no es de extrañar que la región viva en medio de la miseria y el desasosiego político.

En general, los latinoamericanos, o una porción considerable de ellos, mantienen que la función principal del Gobierno es repartir las riquezas para lograr unas sociedades más justas y equitativas. Les han hecho creer, tras muchas décadas de populismo, que son sociedades pobres que viven en países ricos, en los que algunos se roban o acaparan la riqueza. Casi nadie predica la necesidad de trabajar responsablemente para crear riqueza en beneficio propio y de la colectividad.

Simultánea y contradictoriamente, los latinoamericanos suelen tener la peor opinión de la clase política y del método democrático de gobierno, pues éstos no les han dado ni la prosperidad ni la estabilidad, y ni siquiera una seguridad mínima, dado que la región se ha convertido en una de las más peligrosas del planeta.

Las instituciones republicanas no funcionan. Como regla general, el poder legislativo sufre el mayor descrédito, seguido del judicial. Salvo en contados países, como Chile, Uruguay y Costa Rica, en América Latina es muy difícil obtener un juicio justo.

En América Latina existe un profundo divorcio entre la sociedad y el Estado, lo que explica el sorprendente apoyo que obtienen los golpistas cuando toman el poder por la fuerza o cuando intentan tomarlo. Los latinoamericanos, sencillamente, no sienten que les han quitado algo que les pertenece o beneficia.

Ese divorcio también implica la existencia de compartimientos estancos entre las distintas esferas del quehacer ciudadano. Las universidades, en las que apenas se investiga, generalmente son focos de desorden público, y tienen una mínima relación con las empresas o con la sociedad, que paga el presupuesto de educación. Gradúan una multitud de profesionales vinculados a las Ciencias Sociales y a las Humanidades, pero relativamente muy pocos ingenieros o empresarios.

La filantropía es escasamente practicada por los grupos pudientes. Tampoco es frecuente la participación voluntaria de la ciudadanía en organizaciones de la sociedad civil.

En general, la enseñanza pública latinoamericana es un desastre, según se demuestra en las pruebas internacionales de contraste. Los países latinoamericanos que participan suelen quedar al final de la lista.

En esta atmósfera, en medio de la mayor inseguridad jurídica, donde las reglas son cambiadas arbitrariamente al antojo de los gobernantes, es muy difícil el desarrollo de un sistema capitalista eficiente.

En la región se entiende mal que la prosperidad creciente es la consecuencia del trabajo realizado en empresas que aumentan gradualmente su producción y su productividad, lo que quiere decir que deben generar beneficios, investigar y realizar inversiones constantes. Se piensa, erróneamente, que el desarrollo es la consecuencia de la elección de ciertos "modelos" económicos, o que deriva de la manipulación de las tasas de cambio o los tipos de interés.

Los fracasos periódicos conducen al desencanto con el capitalismo. Esto refuerza la perniciosa idea de quienes creen en la excentricidad cultural de América Latina y, en consecuencia, predican el debilitamiento o la ruptura de los lazos con el Primer Mundo.

Estas creencias, cerradas a la evidencia de que las inversiones extranjeras y las transferencias de tecnología son parte del éxito de las naciones que han conseguido desarrollarse en las últimas décadas, dan lugar a un creciente aislamiento y al empobrecimiento no sólo económico, sino cultural, de la región.

A largo plazo, lo que sobrevendrá, lo que ya se observa, es un proceso de descivilización, en la medida en que los latinoamericanos recortan prácticamente sus vínculos con Occidente. A principios del siglo XX los latinoamericanos comprendían y podían reproducir todos los elementos clave de la civilización de entonces: el tren, la electricidad, la telegrafía y, posteriormente, la radio y la televisión. Hoy, con la carrera espacial, la cibernética, los estudios sobre el genoma, la nanotecnología y otras veinte disciplinas, cada vez es mayor la distancia intelectual que separa a los latinoamericanos de sus raíces culturales. Si vivimos en la civilización o la era del conocimiento, es posible que se llegue a un punto en el que América Latina habrá perdido los vasos comunicantes que la unen al universo del cual procede.

Qué se puede hacer y el umbral de la sensatez
En realidad, desde fuera es muy difícil rescatar del desastre a las sociedades empeñadas en el error. Sin embargo, América Latina es un segmento demasiado importante de la humanidad, tanto geográfica como demográficamente, para cruzarse de brazos. En términos generales, parece conveniente poner el acento en los siguientes aspectos:

Fortalecer a las élites ilustradas que comparten la visión que explica el éxito y el desarrollo del Primer Mundo frente a los neopopulistas, que insisten en los disparates tradicionales. Si algo sabemos con alguna certeza es que las sociedades que en las últimas décadas han logrado incorporarse al grupo de naciones desarrolladas lo han hecho como consecuencia de una decisión colegiada de la clase dirigente.
Desarrollar campañas didácticas de información, a todos los niveles y por todos los medios de comunicación, sobre cómo se crea o se destruye la riqueza, y sobre el verdadero rol en el mundo de Estados Unidos y las naciones desarrolladas.
Crear o fortalecer un sistema de premios y castigos para que los países se comporten sensatamente. Para incorporarse a la Unión Europea, por ejemplo, las naciones tienen que controlar el gasto público, respetar los derechos humanos y someterse a the rule of law. Si, tras la muerte de Franco, España tuvo que adoptar un comportamiento democrático fue porque la clase dirigente sabía que ése era el precio que entonces cobraban para entrar en el selecto club de lo que se llamaba la Comunidad Económica Europea.
Dentro de este espíritu, la Cláusula Democrática aprobada por la OEA es un acierto, pero hay que hacer un esfuerzo supremo por lograr que no sea burlada.

Asimismo, sería muy conveniente que el BID, el BM y el FMI contribuyeran en la misma dirección, aplicando esa misma pedagogía de refuerzos positivos o negativos, para estimular la buena administración en los gobiernos latinoamericanos. La premisa más optimista apunta a que, una vez pasado el umbral de la sensatez, como ocurrió con España y con Chile, es más difícil regresar a los viejos y fallidos esquemas neopopulistas. A ese umbral se arriba cuando una parte sustancial y decisiva de la clase dirigente renuncia definitivamente, por convicción y experiencia, al populismo colectivista, entiende de una vez el no tan difícil fenómeno del progreso sostenido y se dispone a emular al Primer Mundo.

Ninguna de estas medidas, por supuesto, garantiza el éxito final, pero es un esfuerzo serio y coherente en la dirección correcta.

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Por Carlos Alberto Montaner

Contribución del autor a la Western Hemisphere Economic State Department Officers Conference (Miami, 8-XII-2005).