La deuda social de Lula

La deuda social de Lula

Balance negativo de los tres años del izquierdista Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

(fuente: El País, Madrid, España)

Según el Informe sobre los Derechos Humanos en Brasil 2005, ya no le queda tiempo al Gobierno de Lula para dar un giro y al margen del Gobierno que le suceda, de derechas o de izquierdas, la situación en adelante "puede ser explosiva".
El informe señala que las promesas que el Gobierno de Lula había hecho durante su campaña electoral sobre la reforma agraria, la alfabetización, la política indígena, la política habitacional, la creación de empleos o la defensa de la Amazonia, entre otras, no han sido cumplidas.
Entre los movimientos sociales que han redactado y firmado el documento figuran, entre otros, el Consejo Indígena Misionero (Cimi); el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST); el Foro Nacional de la Reforma Urbana y la Comisión de la Pastoral Obrera.
Brasil sigue necesitando una transformación social. El informe, de 260 páginas, alerta sobre la violencia policial, que asuela las grandes metrópolis, con números alarmantes. Más de 50.000 muertos (en el informe del 2004, eran 40.000) por violencia urbana en Brasil. En las zonas rurales, la violencia también ha aumentado. Durante este último mandato han sido asesinados 147 trabajadores del MST. En los pueblos indígenas, en este año, murieron de desnutrición 44 niños.
Alto desempleo
El desempleo abarca a casi todos los segmentos sociales en todo el país y entre los más pobres el desempleo llega al 56%. Al mismo tiempo ha empeorado sensiblemente la situación de los cortadores de caña de azúcar, una de las mayores industrias del país. Los salarios han sido reducidos al mismo tiempo que han aumentado las horas de trabajo. Ya han muerto este año 13 trabajadores por exceso laboral. Por ejemplo, cada cortador de caña realiza 9.700 golpes de machado para conseguir una media de diez toneladas diarias y el sueldo mensual es de 300 reales (120 euros).
Según los movimientos sociales incluso el programa Hambre Cero, que llega a ocho millones de familias, se ha tratado más bien de una medida política "compensataria y no estructural" para acabar con la plaga de la injusta distribución de la renta, que en Brasil es la peor del mundo despues de Haití.
En un sólo punto, el documento absuelve al Gobierno: la lucha contra la explotación laboral. Según el informe, en 2005 fueron liberados por los equipos del Ministerio de Trabajo 16.500 trabajadores y fueron fiscalizadas 119 fincas de latifundios en 56 operaciones policiales.
Según María Luisa Mendoça, directora de la Red Social de Justicia que organiza todos los años el Informe Derechos Humanos Brasil 2005, los movimientos sociales continuarán con su trabajo en la acción politica, pero con los ojos puestos más en la sociedad civil que en los procesos electorales. Para los movimientos sociales, la llegada de Lula al poder, y con él la izquierda, era la última posibilidad para un cambio social a fondo en la sociedad brasileña.
Diversos organismos del Gobierno han contradicho las conclusiones del informe poniendo de relieve las conquistas del actual Gobierno Lula en todos los campos sociales.