Colegios chilenos, cómo mejorarlos

The Economist

Más recursos no se traducen necesariamente en mejores estándares

"Cobre por las nubes; educación por el suelo" dice la pancarta de un estudiante durante las protestas estudiantiles de mayo. Desde entonces que los alumnos, normalmente con el apoyo de sus profesores, han realizado huelgas y protestas esporádicas para conseguir que el gobierno destine parte de las ganancias récord que registra el principal producto de exportación chileno, para mejorar el deplorable estado de la educación estatal de la economía más exitosa de América Latina.

Mientras los estudiantes y sus profesores volvían a expresar su frustración en las calles de la capital durante la semana pasada, el Foro Económico Mundial, en G inebra, publicaba el Informe de competivividad mundial donde Chile aparece como la 27a economía más competitiva del mundo, lejos de los otros países de la región, pero apenas 76 en cuanto a calidad de su educación y 100 en la enseñanza de matemáticas y ciencias. Otros estudios internacionales apuntan hacia la misma dirección: los logros educacionales de Chile, levemente inferiores a México y Argentina, aunque mejores que Brasil, están muy por debajo de otros países de ingresos similares a nivel mundial.

Aunque el problema puede no ser sólo de dinero, quizás ni siquiera sea el principal problema. Durante el año 2004, el gasto total tanto en educación pública y privada llegó a un 7,3% del PIB, es decir, un aumento de un 4% desde 1990, lo que sitúa al país al mismo nivel de las naciones industrializadas. Pero no se ha conseguido una mejora equivalente en cuanto rendimiento de los alumnos. Incluso en los estudiantes de las familias de altos ingresos, que en su mayoría asisten a colegios privados, la calidad educacional es baja si se evalúa bajo estándares internacionales. La Presidenta Michelle Bachellet está impulsando un aumento a la mitad de los fondos destinados a los alumnos pobres durante los próximos cuatro años. Según este plan, que cuando entre en vigor involucrará alrededor de US $ 300 millones anuales, el fondo actual de alrededor de US $ 60 mensual se elevaría a US $ 90 para estudiantes más pobres, siempre que dichos establecimientos puedan demostrar mejoras en su rendimiento.

Pero en Puente Alto, una de las comunas más pobres de la Región Metropolitana, los directores de colegios sugieren que más dinero, aunque bienvenido, no está siquiera contemplado dentro de sus peticiones. "Tenemos toda la infraestructura que necesitamos", dice Paulina Barría, directora de del colegio Los Pimientos. Su establecimiento moderno, alegre e impecablemente limpio, alcanza niveles de opulencia al contrastarlo con la pobreza circundante. Lo que más necesitamos, afirma, es contar con profesores motivados y bien preparados. Y eso, añade, no es una cuestión de simple aumento de recursos. En comparación con el PIB por persona, los profesores de Chile tienen salarios que pueden equipararse a la media de los países industrializados.

No siempre fue así. Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) los sueldos de los profesores sufrieron caídas agudas en desmedro de la calidad de quienes optaban por carreras docentes. Mauricio Díaz, director del Liceo Chiloé, también en Puente Alto, afirma que si él pudiese, despediría a dos tercios de sus profesores. Pero según una ley promulgada a principios de la década 1990, que apuntaba a mejorar el estatus y posibilidades laborales de los docentes, éstos últimos son prácticamente entes inamovibles y, al mismo tiempo, sus ingresos se basan en años de servicio y no en rendimiento. El resultado es que los municipios, entidades a cargo de los establecimientos, se encuentran enfrascados con profesores envejecidos e incompetentes y una planilla se sueldos abultada que en el caso de Puente Alto engulle un 85% del presupuesto educacional.

Los profesores no son los únicos responsables de la calidad magra. Sus condiciones laborales son difíciles. Tienen muy poco tiempo para prepar sus clases y muchos, en especial quienes estudiaron durante la dictadura, han recibido una formación pobre. Es aquí donde radica la oposición al programa de evaluación docente según el cual quienes no cumplen con los requisitos serían despedidos.

Pero así como es necesario impulsar la formación de docentes y las habilidades para impartir materias, donde se puede emplear parte de la bonanza del cobre, los profesores deben hacerse responsables* por el rendimiento de sus alumnos, incluso si esto se traduce en despidos. Para ello el gobierno tendría que enfrentarse al poderoso Colegio de profesores. Y esta tarea, como reconocen en privado los personeros de gobierno, es algo que amedrenta.

*Nota de ChL. The Economist emplea el término "accountable".