Para saciar la sed de justicia

DERECHOS HUMANOS EN CHILE Y ARGENTINA

Ha transcurrido una generación y en Chile y Argentina las cortes de justicia comienzan a enfrentarse a los perpretradores de atrocidades pasadas

The Economist (ver artículo en inglés)

Durante los últimos 31 años, Viviana Díaz, una mujer pequeña y de voz baja, finalmente ha conocido el paradero de los restos de su padre, Víctor Díaz López, un ex líder del Partido Comunista chileno. Después del sangriento golpe de estado contra el gobierno izquierdista de Salvador Allende en 1973, Víctor Díaz se había convertido en uno de los hombres más buscados por el nuevo régimen militar. Después de 3 años huyendo, fue capturado por la DINA, la policía secreta del dictador chileno, el general Augusto Pinochet. Su familia jamás volvería a verlo con vida.

Él fue uno de los miles de asesinados durante las dictaduras que sacudieron América Latina en la fase final de la guerra fría en las décadas ’70 y ’80. Un cuarto de siglo después del último golpe militar latinoamericano, la región ha avanzado mucho y la democracia se ha establecido con firmeza. Pero en muchos países, el pasado sigue proyectando una sombra que plantea muchas preguntas. ¿Paz o justicia? ¿Retribución o reconciliación? ¿Conocer la verdad, aunque sea dolorosa, u optar por la comodidad del olvido?

Muchos argumentan que es mejor seguir adelante sin mirar atrás para no reabrir heridas. Otros creen que sin justicia, no pueden sanarse las heridas y no se puede garantizar el estado de derecho. Ningún grupo se siente más cercano a esta segunda postura que las asociaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos, aquellos secuestrados por organismos estatales y enviados en secreto a centros de detención. Sus cuerpos torturados, arrojados al mar o sepultados en fosas anónimas, rara vez han sido hallados salvo una vez que los dictadores ya han muerto. Mientras tanto, hoy siguen apareciendo osamentas no identificadas.

En la mayoría de los países latinoamericanos donde hubo abusos por parte de gobiernos autoritarios, Guatemala (con 200 mil muertos en la guerra civil entre las dictaduras y los guerrilleros izquierdistas), Brasil, México y Uruguay, apenas se ha comenzado a aplicar justicia. En menor medida, también en este grupo se cuenta El Salvador.

El proceso ha avanzado mucho más en Argentina y, sobre todo, en Chile. Esto marca un cambio. En Chile, alrededor de 3 mil personas fueron asesinadas o “desaparecidas” a manos del régimen de Pinochet. Pero la amnistía que el dictador decretó sobre sus propios crímenes duró mientras él estuvo vivo. Sólo durante estos últimos meses la mayoría de las familias ha conocido dónde están sus familiares.

Veamos el caso de Víctor Díaz. Su familia supo de su arresto a través de una llamada telefónica anónima. Después, silencio. Luego de cuatro meses de búsqueda, Viviana Díaz y su madre, una empleada doméstica, conocieron a una mujer liberada de la Villa Grimaldi, un centro secreto de detención. Ella transmitió un mensaje a la familia Díaz de parte de Marta Ugarte, otra persona detenida en este recinto junto a muchos otros líderes comunistas. Al ser colgada del cielo raso, las muñecas de Marta Ugarte estaban seriamente dañadas, también le quemaron sus pechos con un soplete. El mensaje era que ni Marta Ugarte ni Víctor Díaz saldrían con vida de la Villa Grimaldi.

Durante años, Viviana Díaz organizó manifestaciones, envió solicitudes de justicia a las pusilánimes cortes chilenas y reclamó ante las autoridades. Pero en respuesta sólo obtuvo amenazas de muerte, órdenes de arresto y se le exigió guardar silencio. Después del retorno a la democracia en 1990, el gobierno instruyó a una comisión independiente que determinase la verdad sobre los desaparecidos. Pero ni siquiera entonces se logró que los perpetradores fuesen puestos a disposición de la justicia. No fue sino hasta el arresto de Pinochet en Londres el año 1998, en respuesta a un pedido de extradición desde España, y gracias al veredicto de la Cámara de los Lores que resolvió que Pinochet no goza de inmunidad según las leyes internacionales, que los jueces chilenos mostraron intenciones claras de hacer justicia.

En una serie de veredictos históricos, la Corte Suprema finalmente resolvió eliminar la mayoría de las trabas que obstaculizaban el procesamiento de los criminales del régimen militar. En 1999, declaró que las “desapariciones” son un crimen continuo hasta que no se compruebe la muerte de la víctima. Es decir, que no se beneficiarían de la amnistía que cubre al período 1973-1978. En diciembre de 2006, dictaminó que, como Chile se encontraba en una situación de conflicto interno luego del golpe militar, rige la Convención de Ginebra. Las violaciones a estas normas se considerarían crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, ante las cuales no puede haber prescripción. El mes pasado, también dictaminó que estos delitos no pueden estar sujetos a la amnistía.

Según el ministerio del interior chileno, 148 individuos, incluidos 50 militares, han sido condenados por violaciones a los derechos humanos perpetradas durante los 17 años de dictadura. Otras 400 personas, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas, han sido condenados o están bajo investigación. El mismo Pinochet debía enfrentar varios cargos, incluidos homicidio, tortura y evasión de impuestos, al momento de su deceso a los 91 años en diciembre pasado.

Fue a consecuencia de una de estas investigaciones que Viviana Díaz finalmente supo qué ocurrió con su padre. El mes pasado, un hombre conocido como “el elefante” (por el tamaño de su físico), que comandaba la Brigada Lautaro, una unidad de élite previamente desconocida de la DINA, confesó en un cuartel militar de Santiago en 1997, en medio de llantos, ser el autor del aniquilamiento de Víctor Díaz, asfixiándolo con una bolsa de plástico mientras le inyectaba cianuro en las venas. Su cadáver, atado a una viga de vía férrea, fue arrojado al mar desde un helicóptero militar. La verdad, aunque dolorosa, “me ha traido paz”, dice Vivana Díaz.

Juicios y tribulaciones en Argentina
En Argentina, al menos 13 mil personas (quizás hasta 30 mil) “desaparecieron” o fueron asesinadas durante la dictadura militar (1976 a 1983). A diferencia de Chile, el régimen argentino colapsó en medio de los desórdenes que prosiguieron a la derrota en las Falklands. La primera acción del gobierno democrático de Raúl Alfonsín, en 1983, fue anular la amnistía promulgada apresuradamente por la junta militar antes de dejar el poder. Una comisión investigadora, la primera de este tipo en el mundo, proporcionó las evidencias para las investigaciones de los fiscales, siendo uno de ellos Luis Moreno Ocampo, hoy Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional de La Haya. Alrededor de 500 personas, entre ellos nueve miembros de las cuatro juntas sucesivas, fueron inculpados. Argentina se convertía en el primer país que procesaba a ex miembros de juntas militares. Las fuerzas armadas argentinas se defendieron alegando que se vieron obligadas a actuar producto de la violencia guerrillera a gran escala. Tal como en Chile, los gobiernos militares gozaron en un comienzo de un apoyo popular considerable.

Los repetidas sublevaciones militares en protesta a los juicios forzaron a Alfonsín a ceder ante las presiones y aprobó una ley de “punto final” que detuvieron las nuevas investigaciones, seguida por una ley de “obediencia debida” que exoneraba a aquellos que declaraban seguir órdenes superiores, un recurso de defensa ya desechado durante los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. El sucesor en la presidencia, Carlos Menem, decretó perdones a 227 de los ya condenados o acusados, incluidos casi 40 generales y varios líderes guerrilleros.

Los argentinos aún disputan la validez de estas decisiones pragmáticas. La opinión pública estaba decididamente en contra, la sed de justicia era inmensa. Pero hubo un tipo de crimen que ninguna amnistía ni perdón cubrió, la de secuestrar a los bebés de las madres que dieron a luz estando detenidas, y entregarlos a parejas de las fuerzas armadas para que los criaran como hijos propios. Las madres verdaderas fueron posteriormente asesinadas o “desaparecieron”. De acuerdo a la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, quienes desde 1977 organizan manifestaciones en la plaza del mismo nombre en Buenos Aires, más de 500 bebés fueron raptados, y hasta hoy sólo se ha logrado seguir la pista de 87.

El arresto de Pinochet en Londres llenó de coraje también a los jueces argentinos. Apenas transcurridos unos meses, el general Jorge Videla, presidente de la junta militar desde 1976 a 1981, fue sometido a proceso bajo cargos de apropiación de bebés, lo que le valió una sentencia a ocho años de cárcel. Ya había recibido una sentencia de por vida en 1985. En septiembre del año pasado, un juez anuló el perdón que posteriormente se le otorgó, aduciendo que sus delitos constituyen crímenes contra la humanidad y por tanto jamás pueden perdonarse. Debido a que el general es mayor de 70 años, se encuentra en estos momentos bajo arresto domiciliario.

El 2005, la Corte Suprema argentina anuló las leyes de punto final y de obediencia debida por considerarlas inconstitucionales, lo que ha facilitado el camino para procesar otros crímenes de la junta. De entre las 772 personas que enfrentan hoy a la justicia, casi todos ellos ex miembros de la policía secreta u organismos militares, hay 260 en prisión preventiva (71 en arresto domiciliario), 46 libres bajo fianza, 41 prófugos, y 109 han fallecido, según el Centro de Estudios Sociales y Legales, un grupo pro derechos humanos. Cinco personas han sido condenadas, dos de ellos bajo cargos de “desaparición” de personas. El gobierno argentino espera que varios juicios se lleven a cabo en el transcurso del 2007. Aún quedan años de más procesos judiciales.

Todas estas acciones legales cuentan con el respaldo tanto del actual presidente peronista, Néstor Kirchner, cuyo gobierno incluye algunos ex miembros de los grupos subversivos llamados “montoneros”, como del apoyo de la opinión pública. A diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, el ejército argentino cuenta con muy poco aprecio ciudadano. En los sondeos de opinión, un 70% de los encuestados apoya la anulación de la amnistía. Ninguna acción se ha iniciado contra los ex guerrilleros. El gobierno sostiene, con una lógica dudosa, que éstos no cometieron crímenes contra la humanidad y en consecuencia están sujetos a la ley de prescripción.

Pero las acciones iniciadas contra Isabel Perón, la tercera esposa de Juan Domingo Perón, el líder populista más reverenciado de Argentina, ha constituido un acto demasiado extremo para muchos argentinos. Después de la muerte de Perón en 1975, Isabel, una antigua bailarina de cabaret, lo sucedió en el poder. En medio del caos económico y el accionar de escuadrones de la muerte de ultraderecha, ella firmó en 1975 un decreto que autorizaba la erradicación total de todos los “elementos subversivos”. Algunos afirman que la Alianza Argentina Anticomunista, la “Triple A”, un escuadrón financiado por el gobierno, fue responsable de al menos 1500 asesinatos durante los 20 meses el mandato de Isabel Perón.

Ella ha vivido en España desde que la junta dispuso su libertad en 1981, y siempre ha sostenido que no sabía nada sobre los abusos cometidos bajo su gobierno. Pero en enero fue detenida en Madrid a solicitud de un juez argentino que investiga la “desaparición” de un militante peronista en febrero de 1976. Cuatro días después, una segunda orden de detención en su contra fue ordenada por otro juez, bajo cargos relacionados con asesinatos llevados a cabo por la Triple A. Pero con más de 75 años de edad y, según su abogado, víctima de depresión, se encuentra en libertad bajo fianza mientras espera los resultados de la solicitud de extradición. Muy pocos esperan que se logre.

[Conclusiones]
Como lo muestra la experiencia de Chile y Argentina, cada país tiene que encontrar su propia manera de enfrentar las atrocidades del pasado de acuerdo a su historia y a sus propias circunstancias. En ocasiones, puede tardar una generación completa para que la sociedad sea capaz de conocer la verdad, tal como en Alemania después de la segunda guerra mundial. En otros casos, una amnistía, que puede posteriormente revisarse o anularse, puede ayudar a conseguir la paz.

El surgimiento de las leyes internacionales de derechos humanos ha contribuido a fortalecer el argumento de quienes sostienen que los crímenes más horribles jamás pueden sacrificarse en pro de la paz. Cuando los conflictos continúan, es bastante difícil aplicar este principio. Sus defensores argumentan que la justicia es esencial no sólo como un fin en sí mismo sino que además para disuadir a futuros tiranos. Hasta hace poco, la mayoría de los dictadores creía que podrían salirse con la suya. Pero cada vez es más cierto que otros países podrán seguir la senda que estos dos pioneros, Chile y Argentina, han trazado.